Cuba propone una ley para digitalizar el Registro Civil y reducir la burocracia

Cuba propone una ley para digitalizar el Registro Civil tras décadas de trámites manuales, errores frecuentes, apagones y falta de papel en oficinas públicas.

El Gobierno cubano ha presentado un proyecto de ley que podría transformar radicalmente el funcionamiento del Registro Civil en la isla, una de las instituciones más cuestionadas por la ciudadanía debido a los trámites lentos, el papeleo interminable y la ineficiencia generalizada. El anteproyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros en mayo y ya se encuentra en proceso de consulta popular en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

De ser aprobado, el nuevo texto legal permitiría la creación de un Registro Civil único, electrónico y centralizado, bajo la administración del Ministerio de Justicia. Cada ciudadano contaría con un folio personal digital, donde se agruparían de forma cronológica todos los hechos y actos vitales como nacimientos, matrimonios, divorcios, cambios de nombre, de sexo o defunciones. Esta medida busca sustituir el sistema actual, en gran parte manual, que obliga a las personas a realizar trámites engorrosos en distintas oficinas, incluso cuando se trata de gestiones básicas.

Pero la brecha entre lo que plantea la ley y lo que ocurre a diario en las oficinas del Registro Civil en Cuba sigue siendo abismal. En muchas localidades, los libros siguen escribiéndose a mano, con tinta, sobre formularios que se repiten desde hace décadas. Los apagones diarios, que en algunas zonas superan las 10 horas, han obligado a los funcionarios a abandonar los equipos informáticos cuando los hay, y volver al bolígrafo. En plena era digital, los certificados vuelven a expedirse a mano porque no hay corriente para imprimirlos, ni papel para hacerlo siquiera cuando la hay.

El caos se acentúa porque muchos ciudadanos deben encargarse por su cuenta de descargar los certificados digitales desde portales estatales, si tienen suerte con la conexión a internet, imprimirlos en casa o en algún negocio particular, y luego llevarlos físicamente a la oficina del Registro Civil. Allí, los funcionarios los firman a mano, les colocan el cuño y un sello porque no hay papel oficial, ni impresoras funcionales, ni suministro suficiente. Así se autentican documentos que supuestamente han sido “digitalizados”, aunque todo el proceso depende de tinta, papel reciclado y horas de espera.

Las demoras en la tramitación de documentos son casi una norma. Obtener un certificado de nacimiento puede tomar desde dos semanas hasta más de un mes, dependiendo de la carga de trabajo, la voluntad del personal y, especialmente, del suministro eléctrico. La lentitud no se debe solo al volumen de solicitudes, sino a un sistema arcaico que se sostiene con esfuerzo humano más que con tecnología. Hay oficinas donde no hay computadoras o están rotas; otras tienen una sola, compartida por todos. Las interrupciones del servicio eléctrico paralizan el trabajo por completo. Y cuando regresa la corriente, no siempre hay conexión a internet.

La propuesta de ley contempla el uso de firma electrónica y sellos digitales. También plantea que cualquier oficina del país pueda emitir certificados sin importar dónde ocurrió el hecho vital registrado. Pero hoy por hoy, una persona nacida en Guantánamo que vive en La Habana aún debe viajar o pedir ayuda a un familiar para tramitar un documento básico. En teoría, el nuevo sistema permitiría que los datos fluyan entre instituciones —tribunales, hospitales, consulados— sin intervención física del ciudadano. En la práctica, esto choca con una infraestructura limitada y una cultura administrativa dependiente del papel, el cuño y la tinta.

Muchos cubanos reaccionan con cautela. Aplauden la intención, pero dudan de la implementación. Las condiciones reales del país —apagones, escasez de insumos, falta de personal capacitado— no son un problema menor. La ley promete eficiencia, rapidez, transparencia. Pero nada de eso será posible si las oficinas siguen sin luz, sin papel y sin medios para aplicar los cambios.

De aprobarse, la ley entrará en vigor un año después de su publicación oficial. Durante ese período se prevé la migración de los registros existentes y la capacitación del personal. Mientras tanto, en buena parte del país, los trámites siguen avanzando al ritmo de la tinta, el apagón y la espera.