La Corte Suprema permitió eliminar el parole humanitario para cubanos, haitianos, venezolanos y nicaragüenses. Quedan sin permiso legal ni laboral en EE. UU. La decisión, impulsada por Trump, expone a más de 530.000 personas a deportaciones inmediatas y fractura miles de familias que apostaron por una vía legal.
30 MAY 2025 – 18:23 (CEST)
La a Corte Suprema de Estados Unidos ha avalado la revocación del parole humanitario para más de 530.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, sumiendo a cientos de miles de familias en la incertidumbre, dejándolos sin estatus legal, sin autorización de empleo y expuestos a una deportación inmediata. La medida, impulsada por el gobierno de Donald Trump, marca un viraje radical en la política migratoria estadounidense y amenaza con desatar una crisis humanitaria sin precedentes.
De un plumazo: sin papeles, sin empleo, sin futuro
La decisión revoca también los permisos de trabajo concedidos bajo el parole. En la práctica, significa que centenares de miles de migrantes ahora viven indocumentados, sin posibilidad de sustento económico y con la amenaza latente de una deportación “acelerada”.
La jueza Ketanji Brown Jackson, en una opinión disidente, advirtió que el fallo “trastoca precipitadamente la vida y el sustento de casi medio millón de extranjeros”. Muchos ya estaban plenamente integrados: alquilaban viviendas, pagaban impuestos, tenían empleos estables, hijos nacidos en EE. UU. y un nuevo proyecto de vida. Ahora todo eso se desvanece, sin garantías, sin protección y con una etiqueta legal que los convierte en “removibles”.
Un precedente peligroso
La Corte Suprema no ha emitido un fallo definitivo, pero al levantar la suspensión que había impuesto un tribunal de Massachusetts, da carta blanca a la administración Trump para ejecutar deportaciones en masa si así lo desea.
El gobierno alega que el parole humanitario era “una solución temporal e irresponsable” que alentaba la llegada de personas sin vías duraderas de regularización. Pero para muchos juristas y activistas, se trata de una decisión cargada de tintes políticos, orientada más al control electoral que a una visión integral y humana de la migración.
“Esto no es una política pública, es un castigo colectivo”, denuncia Leticia Rosales, abogada migratoria en Florida. “Es inadmisible que se cancele un programa en curso, sin ofrecer una alternativa legal ni respetar los derechos adquiridos de quienes ya estaban dentro del sistema”.
Más de 900.000 personas en la cuerda floja
La revocación del parole no es una acción aislada. Desde marzo, la administración Trump ha venido desmantelando otras protecciones temporales, como el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350.000 venezolanos. La suma de ambas medidas coloca a más de 900.000 migrantes en situación de vulnerabilidad legal y personal.
En los barrios latinos de Miami, Houston, Nueva York y Los Ángeles se respira miedo. Padres que ya no saben si podrán llevar a sus hijos a la escuela. Empleadores que temen contratar a personas sin permiso. Alquileres cancelados. Citas médicas suspendidas. Vidas congeladas.
Organizaciones como Human Rights Watch y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes han calificado la revocación como “una amenaza grave a los derechos humanos”, denunciando que se fuerza a cientos de miles a regresar a países donde su integridad física está en peligro.
La dimensión cubana: otra vez en el centro de la tormenta
Para los cubanos, el golpe tiene una dimensión particularmente aguda. En 2024, más de 150.000 cubanos ingresaron a Estados Unidos a través del programa de parole. Muchos huyeron de la represión política, la escasez crónica y el colapso económico. Hoy, tras venderlo todo y escapar del naufragio nacional, se enfrentan a un nuevo abismo.
“La revolución me quitó el país, y ahora Trump me quita el refugio”, dice con voz temblorosa Lázaro, un cubano de 34 años que llegó a Florida con su esposa embarazada y vive ahora en un pequeño apartamento en Hialeah.
Sin papeles, no puede renovar su contrato de trabajo ni inscribir al niño que espera en un plan de salud. “Volver a Cuba no es una opción. Allá no hay vida”, insiste.
El costo humano de una estrategia electoral
Para analistas políticos, la ofensiva migratoria de Trump responde a una estrategia electoral clara: ganar puntos entre los sectores más conservadores con un discurso de “mano dura”, capitalizando el miedo a una supuesta “ola descontrolada” de inmigrantes.
Pero el costo humano es altísimo. En el caso de los beneficiarios del parole, no se trata de personas que cruzaron la frontera de forma irregular. Entraron con autorización, cumplieron con los requisitos, pagaron impuestos y siguieron las reglas del juego. Los están castigando por haber creído en una vía legal.
De la esperanza al limbo
Cuando el presidente Joe Biden lanzó en 2023 el programa de parole humanitario para ciudadanos de países en crisis, miles de personas vieron en esa iniciativa una vía legal, ordenada y relativamente segura para rehacer sus vidas en EE. UU. El programa, basado en el modelo de “patrocinadores”, permitía el ingreso por vía aérea, con control de antecedentes, y otorgaba un permiso de permanencia temporal y la posibilidad de trabajar.
El esquema, que inicialmente se aplicó para venezolanos y luego se amplió a cubanos, haitianos y nicaragüenses, buscaba frenar los cruces irregulares por la frontera sur. Sin embargo, desde el inicio del nuevo mandato de Trump en enero de 2025, el programa fue blanco de ataques. Apenas asumió el cargo, el exmandatario firmó una orden ejecutiva para eliminar todos los programas de libertad condicional migratoria.
Hoy, cinco meses después, el golpe es legalmente firme: la Corte Suprema ha despejado el camino para su eliminación total, pese a que el caso aún se debate en instancias inferiores. Los efectos son inmediatos y devastadores.
¿Qué viene ahora?
Mientras el caso se dirime en tribunales menores, el destino inmediato de los afectados dependerá de la discreción de las autoridades migratorias. Algunas ciudades santuario podrían ofrecer protección parcial, pero no legaliza su estatus.
Abogados aconsejan no viajar, no exponerse a controles policiales, y buscar orientación legal especializada. Las organizaciones civiles han comenzado a movilizarse para documentar casos, ofrecer asistencia y presionar al Congreso para que legisle una salida.
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Yankiel Gutierrez Faife