Última hora: Gobierno de EEUU seguirá tramitando las solicitudes de parole

Una jueza federal en Boston ha ordenado al gobierno de EE. UU. seguir tramitando las solicitudes de parole humanitario, frenando así la suspensión impulsada por Trump. La medida beneficia a miles de migrantes, incluidos cubanos, que temían perder sus procesos migratorios en medio de cambios abruptos en la política migratoria.

Una jueza federal en Boston ha bloqueado el intento del expresidente Donald Trump de suspender los programas de parole humanitario que benefician a ciudadanos de varios países, entre ellos Cuba. La decisión, que surge en medio de una demanda colectiva, significa que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) deberá seguir tramitando las solicitudes de parole, incluyendo aquellas ya aprobadas o pendientes de revisión. Para miles de migrantes cubanos en Estados Unidos, esto representa un alivio ante la amenaza inminente de cancelación de sus procesos migratorios.

Un fallo que obliga a cumplir la ley

La jueza Indira Talwani ordenó al DHS que reanude el procesamiento de los casos bajo los programas de parole humanitario que permiten la entrada temporal a EE.UU. por razones urgentes o de interés público. Esta resolución afecta a personas provenientes de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, Afganistán y Ucrania, quienes son admitidos en el país a través de patrocinadores dispuestos a asumir su manutención.

La medida frena de inmediato los planes de la administración Trump, que tras regresar a la Casa Blanca en enero, había ordenado cancelar estos esquemas de entrada rápida. Según la jueza, el Ejecutivo tiene potestad para dirigir la política migratoria, pero debe respetar los procedimientos legales existentes.

Un intento de borrón sin revisión individual

El gobierno de Trump argumentó que los programas establecidos por Biden violaban el principio de evaluación individual. Alegó que el parole debía concederse caso por caso, no mediante procesos colectivos. Bajo esta premisa, prohibió aceptar nuevas solicitudes y detener cualquier trámite de ajuste migratorio, incluso de quienes ya habían sido admitidos legalmente.

Además, el decreto impidió a los beneficiarios del parole acceder a protecciones como el asilo o el Estatus de Protección Temporal (TPS), dejándolos en un limbo legal y sin opciones de regularización. Esta ofensiva migratoria, sin embargo, ha chocado con la resistencia de los tribunales.

Talwani, la misma jueza que ya había intervenido en abril

No es la primera vez que la magistrada Talwani actúa frente a decisiones migratorias controversiales. En abril, ya había bloqueado otro intento de eliminar el estatus legal de cientos de miles de migrantes. Su nuevo fallo exige mantener los programas como el CHNV (Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela) operando hasta que se resuelva la demanda colectiva.

El gobierno de Trump no tardó en responder, apelando el fallo ante la Corte Suprema. Acusó a la jueza de extralimitarse y defendió su derecho a imponer un control más estricto en la frontera. No obstante, mientras se resuelve la apelación, el DHS está obligado a seguir con los trámites.

La jueza federal Indira Talwani, en Boston, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar el procesamiento de solicitudes, lo cual incluye tanto los casos ya presentados como la aceptación de nuevas solicitudes dentro de los programas de parole humanitario (como el CHNV, que aplica a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos).

¿Qué significa esto en la práctica?

Las agencias gubernamentales no pueden rechazar nuevas solicitudes de parole basándose en la orden ejecutiva de Trump.

Las personas que ya fueron aprobadas conservan su estatus y pueden seguir adelante con sus procesos migratorios.

Quienes estaban a la espera de respuesta también quedan protegidos.

Y lo más importante: quienes aún no han aplicado también podrán hacerlo, ya que la jueza impidió la suspensión total del programa.


¿Quiénes se benefician?

La medida impacta directamente en quienes ya fueron admitidos bajo el parole humanitario y en quienes esperan una respuesta. Para los migrantes cubanos, en particular, representa una posibilidad de mantener su estatus, continuar trabajando legalmente y solicitar otros beneficios migratorios sin el riesgo inmediato de deportación.

Desde enero de 2023, más de 110.000 cubanos han ingresado a Estados Unidos mediante este programa. Muchos de ellos están en proceso de ajuste migratorio o tramitando peticiones familiares. La suspensión que intentó Trump habría significado un portazo sin revisión judicial a esos casos.

“Mi hijo tiene cita en junio, ya pensábamos que todo se había perdido. Esta noticia nos devolvió el alma”, dijo a Directorio Cubano una madre cubana residente en Hialeah. Su testimonio refleja el alivio de miles de familias que viven con incertidumbre desde que Trump retomó el poder con una agenda migratoria más dura.

¿Qué es el parole humanitario?

Se trata de un permiso temporal de entrada que otorga EE.UU. por razones excepcionales. Fue implementado de forma masiva durante la presidencia de Joe Biden como respuesta a crisis humanitarias en varios países del hemisferio. Permite que migrantes entren legalmente en avión, vivan y trabajen durante dos años en Estados Unidos, siempre que cuenten con un patrocinador aprobado.

Aunque ofrece un alivio temporal, este estatus es frágil: no es una vía directa a la residencia permanente y puede ser cancelado si el gobierno decide modificar sus políticas. Por eso, muchos beneficiarios intentan ajustarlo lo antes posible a través de otros mecanismos legales.

Incertidumbre aún latente

Las organizaciones de derechos migratorios celebraron el fallo como una victoria temporal, pero advierten que el riesgo de reversión sigue presente si la Corte Suprema falla a favor del Ejecutivo. Además, denuncian que miles de personas ya han sido afectadas por el freno administrativo impuesto entre enero y mayo de 2025, con demoras injustificadas y cancelaciones arbitrarias. Este fallo no es definitivo. El gobierno de Trump ha apelado ante la Corte Suprema con la intención de revertir esta decisión. Por tanto, aunque el fallo actual permite seguir aceptando nuevos beneficiarios, la situación legal sigue siendo inestable y podría cambiar si el más alto tribunal falla a favor del Ejecutivo.